Colombia Protection Analysis Update - Sierra Nevada

La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) es una región ubicada en el norte de Colombia, entre los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena. Desde 2022 se ha convertido en el epicentro de intensas confrontaciones por el control territorial entre los grupos armados no estatales Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Estas disputas han dejado más de 20.000 personas desplazadas, aproximadamente 1.948 homicidios, y —según fuentes no oficiales— 28 cuerpos desmembrados, además de millonarias ganancias para estos grupos por el control de economías ilícitas y graves afectaciones a las comunidades étnicas y campesinas. Las comunidades viven bajo control social de estos grupos, sometidas a un régimen de terror en el que la desobediencia puede costarles la vida o forzarlas al desplazamiento.

Por su ubicación estratégica —cercanía al mar Caribe, a la Serranía del Perijá, a la Troncal del Magdalena (que conecta con el centro del país) y a la Troncal del Caribe (que comunica con la Alta Guajira y la frontera con Venezuela)—, y el acceso a diversos puertos de calado natural, esta región es una ruta clave para el narcotráfico. El control se ejerce violentamente por los grupos armados no estatales con dinámicas de confrontación bien definidas.

En la región habitan cerca de 100.000 personas, entre ellas comunidades indígenas Kogui, Wiwa, Arhuacos, Kankuamos y Ette Ennaka, quienes sufren un impacto desproporcionado del conflicto armado y se encuentran en riesgo de extinción física y cultural. Los grupos armados no estatales ocupan sus sitios sagrados, atentan contra las autoridades políticas y espirituales, y restringen su derecho a ejercer la gobernanza mediante amenazas, restricciones y/o desplazamientos forzados.

El Estado colombiano ha tenido dificultades para mantener las negociaciones de paz propuestas por el actual gobierno y garantizar la seguridad de las comunidades. Ello ha derivado en enfrentamientos violentos entre grupos armados no estatales, combates con la Fuerza Pública, reclutamiento y vinculación de niños, niñas y adolescentes, violencia de género, desplazamientos forzados masivos e individuales, desmembramiento de cuerpos como castigo ejemplarizante y muestra de control territorial, así como un aumento de homicidios y amenazas contra líderes sociales y autoridades indígenas que defienden la protección del territorio y sus tradiciones culturales. Los riesgos de protección que requieren atención inmediata en el periodo cubierto por este análisis son:

1. Impedimentos ilegales, restricción de movimiento / circulación, asedio (incluyendo confinamiento) y desplazamiento forzado.
2. Ataques a civiles, ejecuciones extrajudiciales, ataques a personas y bienes protegidos por el DIH. 
3. Reclutamiento, uso y utilización / asociación de NNA con grupos armados ilegales. 
4. Violencia de género. 
5. Robo, extorsión, desalojo forzado, destrucción de propiedad.