Colombia (Sierra Nevada) Protection Analysis Update

Entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) ha continuado siendo un escenario de alta afectación humanitaria, marcado por la persistencia de la disputa territorial entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). En este periodo, se ha evidenciado un aumento de las confrontaciones armadas, la incursión de nuevos actores y la intensificación de las operaciones de la Fuerza Pública, lo que ha generado una mayor exposición de la población civil a hechos de violencia y control territorial.

En términos humanitarios, se observa un incremento en eventos de confinamiento y desplazamiento forzado, especialmente en La Guajira y Magdalena, afectando de manera desproporcionada a comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.

Estas dinámicas han estado acompañadas por un aumento de homicidios selectivos, secuestros extorsivos y extorsiones, utilizados como mecanismos de control social y financiación de los grupos armados. Asimismo, persisten subregistros en emergencias no declaradas oficialmente, lo que limita la activación oportuna de rutas de atención. Entre los hechos recientes más relevantes se destacan: (i) el desplazamiento intermunicipal de 43 familias del pueblo Wiwa desde La Múcura hacia San Juan del Cesar (Siminke) y Riohacha (Guamaka), tras el asesinato de dos líderes; (ii) el confinamiento de aproximadamente 600 personas en comunidades de Ciénaga (La Mojana y San Javier), con restricciones de movilidad y presencia de artefactos explosivos; (iii) en Aracataca, confrontaciones entre el EGC y las ACSN obligaron a 245 familias (767 personas) a desplazarse, con reportes adicionales de confinamiento y presencia de cuerpos sin levantar; (iv) el cierre temporal del Parque Tayrona mediante la Resolución 091 de febrero de 2026, en respuesta a riesgos de seguridad para visitantes, comunidades y funcionarios; y (v) la anulación del Decreto 1500 de 2018 por parte del Consejo de Estado, que reconocía los sitios sagrados de la denominada Línea Negra, genera preocupaciones adicionales sobre la protección territorial de los pueblos indígenas.

Paralelamente, persisten debilidades estructurales en la respuesta institucional a nivel territorial, reflejadas en la activación tardía o ineficaz de mecanismos de atención, limitaciones presupuestales, baja articulación interinstitucional y reducida capacidad operativa de las entidades locales. Esta situación se ve agravada por la limitada presencia de actores de cooperación internacional en algunos territorios en riesgo y la insuficiencia de recursos humanitarios para responder de manera sostenida a las necesidades de protección identificadas. Asimismo, el temor de comunidades y funcionarios para visibilizar riesgos continúa restringiendo el acceso a información y la activación oportuna de acciones de prevención y respuesta, profundizando la vulnerabilidad de poblaciones clave como comunidades indígenas, mujeres, niñas, niños, población refugiada y migrante, en un escenario de deterioro sostenido de las condiciones de protección.