Guatemala Protection Analysis Update

A lo largo de 2022 e inicios de 2023, se ha notado un incremento de violencia e inseguridad que sigue impactando a miles de personas. El indicador de muertes violentas registró un incremento de 6,7% con respecto al año anterior, llegando a una tasa de 17.3% por cada 100 mil habitantes, una de las más altas de la región de Centro América. Las consecuencias del cambio climático están provocando una crisis de inseguridad alimentaria en el área del corredor seco, con cerca de 4.9 millones de personas afectadas (25% del total de su población).

Para el periodo electoral de 2023 el Tribunal Supremo Electoral publicó un mapa de municipios con riesgo de conflictividad electoral, identificando 62 municipios con alto riesgo y 101 municipios de riesgo medio, caracterizado por tensiones en la disputa política debido a los apretados resultados de la primera vuelta de junio de 2023.

Adicionalmente, el incremento constante en el tránsito y las solicitudes de la condición de refugiado, los anuncios y cambios en la política migratoria regional de los EE.UU, han incrementado los desafíos institucionales para asegurar una respuesta adecuada y acceso a medidas de protección.

Estos han tenido un conjunto de efectos significativos en las capacidades de resiliencia y vulnerabilidades de la población, en particular de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad (población en situación de discapacidad, indígena, rural, LGBTIQ+, entre ellos mujeres, niñez, adolescentes, personas en movilidad humana), lo que exacerbó aún más los riesgos de protección existentes.

Los principales riesgos de protección que requieren atención prioritaria son los siguientes:

1. Violencia basada en género y contra las mujeres, incluido el uso, utilización, reclutamiento y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes
2. Ataques a defensores de derechos humanos y pueblos indígenas, incluido discriminación, criminalización y denegación del ejercicio legítimo de su trabajo
3. Denegación estructural de acceso a recursos, oportunidades y servicios especializados, diferenciados y de calidad
4. Restricciones de acceso al territorio, al sistema de protección internacional para personas en movilidad humana y devolución